Tras 15 años de demandas y reclamaciones, la justicia salvadoreña le da la razón a una empresa española.
En el año 2001, la empresa española ICASUR, S.A., presidida por el ingeniero industrial Joaquín Alviz Victorio, de 44 años, ganaba una licitación internacional para la concesión de las ITV’s en el país centroamericano de El Salvador.
En aquel proceso, compitieron con otras empresas internacionales, entre ellas una hispano-francesa, otra norteamericana, otra mexicana y otras de Latinoamérica, resultando la empresa española de ingeniería la ganadora del concurso y adjudicataria de la concesión para montar las estaciones de ITV y prestar el servicio de revisión de vehículos en aquel país.
Sin embargo, cuando el gobierno salvadoreño de aquel entonces tenía que facilitarle la base de datos de vehículos del país para iniciar operaciones, la empresa explica que este se negó a la puesta en marcha del servicio y bloqueó el contrato.
Desde entonces, se iniciaron una serie de procesos judiciales por ambas partes que han concluido con la sentencia dictada por la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador y con el reconocimiento y validación del contrato de las ITV’s por el Juzgado Civil N.º 1, procediendo al archivo definitivo, el pasado mes de noviembre, de las actuaciones de la Fiscalía General de El Salvador contra la empresa española, e incluso condenando en costas al gobierno salvadoreño.
El ingeniero Joaquín Alviz explica cómo ha sido y cómo ha vivido ese proceso en la entrevista que se desarrolla a continuación.
¿Cómo se inicia esta aventura centroamericana de la empresa?
Yo llegué a El Salvador en 1996 porque, dentro del grupo empresarial que presidía, estaba una fábrica de transformación de granito y nos encargaron un proyecto para la reparación y renovación de la Catedral de San Salvador. Nos contrataron el suministro y la instalación de una gran cantidad de revestimientos y piezas de escaleras, gradas del coro, etc. en granito, que transformamos en nuestra fábrica de Extremadura y que montamos en la Catedral de San Salvador. Posteriormente, viajé oficialmente a través de la C.O.E. y con el Presidente Aznar por varios países de Centroamérica, entre ellos El Salvador. Fue entonces cuando el gobierno español aprobó un fondo de ayuda al desarrollo (fondos FAD) de 30 millones de dólares, para hacer una gran potabilizadora de agua para la capital del país con una licitación restringida a empresas españolas, que ganamos en una UTE con otras dos empresas españolas de ingeniería y construcción. Desarrollando este proyecto fue cuando el gobierno de El Salvador sacó a licitación la concesión para hacer la ITV a todo el parque vehicular del país.
¿Cómo fue entonces el proceso de montar las ITV’s y entrar en controversia con el gobierno de El Salvador?
Nosotros no habíamos preparado ese proyecto y prácticamente nos enteramos de casualidad, pero como nuestra empresa tenía experiencia en este tipo de proyectos debido a que habíamos participado en los concursos para concesionar las ITV’s que se hicieron en Andalucía en los años 1987 y 1988 y además teníamos un departamento de homologación de vehículos y proyectos de reformas de estos, decidimos presentarnos y ganamos esa concesión. Una vez ganamos, dos de las otras empresas, la hispano-francesa y la norteamericana, recurrieron en sendos procedimientos contencioso-administrativos, que también se ganaron en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
Lo que vino después es que buscamos la financiación e hicimos las instalaciones de 10 plantas de ITV y cuando acabamos, el proyecto quedó bloqueado, aparentemente por intereses no muy legítimos.
Desde ese momento invocamos, ante el Estado salvadoreño, el APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones), que España tiene firmado con numerosos países, entre ellos la República de El Salvador, para proteger las inversiones de las empresas españolas en el exterior.
¿Cuál fue el recorrido seguido desde entonces hasta hoy que se ha resuelto el asunto?
El primer paso que se dio fue demandar al Estado de El Salvador ante el Tribunal de Arbitraje del CIADI, que es un tribunal del Banco Mundial, en Washington, donde se les reclamaban 120 millones de dólares, que es lo que especificaba el contrato como indemnización. La resolución fue neutral, ya que al final resolvieron que ese Tribunal no era competente para dilucidar esta disputa. Eso fue en el año 2006, a partir de ahí, la Fiscalía de El Salvador inició un proceso civil para intentar anular nuestro contrato, donde recurso tras recurso se ha estirado el procedimiento por más de 15 años. Este, al final, ha terminado su recorrido con la sentencia de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador y con el reconocimiento y validación del contrato de las ITV’s por el Juzgado Civil N.º 1 procediendo, el pasado mes de noviembre, al archivo definitivo y condenando en costas a la propia fiscalía de El Salvador.
¿Qué trámites seguirán ahora? ¿Piensan solicitar la puesta en marcha de las ITV’s?
Por el momento, es complicado contestar a esa pregunta. Después de todo lo sucedido y la situación actual, no tenemos intención de repetir el proceso de trabajar allí, pero somos conscientes de la necesidad que en ese país tienen de este servicio. Sabemos que el mal estado de los vehículos incide en la seguridad vial y en la contaminación ambiental. Sobre esto último, me refiero especialmente al impacto de los autobuses y los camiones. La desinformación, las cargas en exceso, los neumáticos en mal estado o la escasez en lo referente a la señalización luminosa pueden provocar accidentes y terminar con la vida de seres humanos.
Por ello, vamos a intentar que el estado salvadoreño rescate el contrato y operen las ITV’s ellos mismos. Desde mi punto de vista, existen diferentes opciones para ello: volver a instalar nosotros las Plantas de ITV y formar al personal con unas ciertas condiciones, vender a una empresa internacional el proyecto o un nuevo arbitraje entre las partes.
