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El juzgado de lo social número 8 de Madrid ha estimado la demanda formulada en 2019 por una trabajadora, jefa de proyectos informáticos de una empresa de telefonía, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que se pedía el reconocimiento de una situación de incapacidad permanente absoluta con derecho a percibir una prestación del 100% de su base reguladora, ante las secuelas sufridas tras un daño cerebral.
Abelardo Moreno, abogado de la Asociación Neurolegal, indica que: «ha quedado demostrado que las secuelas provocadas por un daño cerebral, como son la escasa resistencia a la interferencia, la fatigabilidad, las dificultades de planificación, de organización y de sostenimiento de la atención, constituyen un grado de incapacidad permanente absoluta».
En este caso el Instituto Nacional de la Seguridad Social consideraba que, pese a que la trabajadora no podía realizar las tareas fundamentales de su profesión, sí que podía realizar otro tipo de actividades que conllevasen menos exigencia y responsabilidad. Tras recurrir esta decisión el juzgado de lo social ha dado la razón a la demandante estableciendo que este tipo de lesiones son irreversibles y que la dificultad de concentración derivada de un daño cerebral adquirido lleva a la dificultad en el mantenimiento de tareas y a la escasa resistencia a la interferencia, valorando que tales condiciones impiden desarrollar cualquier actividad laboral con eficacia, rentabilidad y continuidad por sencilla o liviana que esta sea.
Se trata de una sentencia esperanzadora para los afectados por cuanto que las consecuencias de un daño cerebral no suelen ser bien valoradas ni entendidas al afectar en la mayoría de las ocasiones a los aspectos cognitivos siendo por tanto «invisibles». En tal sentido desde la Asociación Neurolegal, Asociación de profesionales por el reconocimiento de los derechos por las personas afectadas por daño cerebral adquirido, se están realizando grandes avances en la cooperación de los diferentes sectores que atienden el daño cerebral adquirido (asistenciales, sanitarios, jurídicos) consiguiendo que las personas afectadas puedan demostrar con mayor facilidad las consecuencias del daño sufrido ante las diferentes administraciones.
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