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Los detectives privados del país informan de la indefensión que están viviendo ciudadanos y empresas. Pretenden que el gobierno les de garantías legales que les permitan volver a realizar su trabajo. Todo tipo de casos en cuanto a fraudes en ERTES, estafas a seguros, bajas médicas falsas o fugas de información considerada esencial están teniendo lugar en este periodo de estado de alerta.
La situación creada por el COVID-19 ha hecho que los detectives privados no puedan realizar sus trabajos fuera del hogar. Por lo que dificulta en gran medida la obtención de pruebas válidas que puedan servir de defensa para sus clientes. Uno de los temas que más preocupa a las personas que acuden a sus servicios es la custodia de menores. Las condiciones en las que los hijos de padres separados están pasando la cuarentena es uno de los principales temas que piden a los profesionales.
El ministerio de Interior determinó que este tipo de servicio no se consideraba esencial, por lo que no pueden salir de casa para realizar trabajos de campo que les permitan recabar pruebas. Todos los colegios y asociaciones profesionales del país han hecho un escrito dirigido a los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia en el que piden que se considere su trabajo como esencial para que puedan regresas a su actividad.
Consideran que es necesario garantizar el derecho fundamental a la defensa de los usuarios que han pedido sus servicios. De esta forma podrían ayudar dentro de ámbitos como el económico, mercantil, social, laboral o familiar. Añadiendo el colapso de los juzgados en meses próximos si su actividad no se reanuda en breve.
Algunos de ellos como Zurita Detectives hablan de la importancia de trabajar en conjunto, ayudando en la medida de lo posible a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Trabajar codo con codo es posible, muestra de ello son distintos países donde los detectives se han unido al gobierno para frenar la pandemia.
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