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El cuidado de personas mayores es la actividad que más empleo genera en nuestro país. El pasado año, 68.000 personas se dieron de alta en este epígrafe del Régimen General de la Seguridad Social. Sin embargo, este sector podría verse lastrado por la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950€. Según estimaciones de Felizvita, empresa social de servicios asistenciales para personas dependientes, el empleo relacionado con la asistencia domiciliaria podría caer un 20% este año por la imposibilidad de algunas familias de asumir el encarecimiento del servicio.
De hecho, en el primer mes operativo del nuevo SMI, el 6% de los clientes de la compañía han solicitado ya una reducción de sus servicios o el cese de los mismos a causa del incremento de los costes. Para Guillermo Molina, director general de Felizvita, «este primer dato evidencia una tendencia clara que no sólo derivará en pérdida de empleo, sino también en precarización del mismo, pues las jornadas se acortarán, y habrá familias que optarán por recurrir a la economía sumergida para conseguir ese servicio que para ellas es de primera necesidad, como es atender a sus mayores dependientes».
El último incremento de 50 €/mes en el salario mínimo, con 14 pagas anuales, supone una subida de 58,33 €/mes, a los que hay que sumar 22,50 €/mes del coste asociado a la actualización de la cotización a la Seguridad Social. En total, el aumento del coste salarial para las empresas asciende a 80,83 €/mes. De cara a las familias, según Felizvita, el servicio asistencial, para aquellos clientes que necesitan asistencia en jornada completa, se ha encarecido en más de 105 €/mes.
«Hay que tener en cuenta que más del 80% del precio de los servicios asistenciales corresponde a costes de contratación, salarios, seguros sociales, contingencias por enfermedad, etc., lo que hace que no quede más remedio que ajustar al máximo los salarios si queremos mantener unos precios viables para las familias, que permitan tener un servicio de calidad a un precio accesible. A pesar de ello, un 15% de nuestros clientes ya nos han hecho llegar sus quejas, por el enorme perjuicio que les supone esta medida», afirma Marta Cuesta, directora de Recursos Humanos de Felizvita.
Medidas para garantizar la sostenibilidad del sectorPor otro lado, los principales usuarios de los servicios asistenciales son mayores de 65 años y personas en situación de dependencia, cuya pensión no ha aumentado de forma equivalente a la subida del sueldo que han de pagar a su asistente o cuidador. Así, mientras el SMI ha aumentado un 5,5% en enero de 2020, las pensiones por jubilación lo han hecho en un 1,32%, las de viudedad en un 1,14% y las pensiones por incapacidad un 0,72%, según datos oficiales de la Seguridad Social.
«La desproporción que reflejan estas cifras y las características especiales de estos servicios -en muchos casos absolutamente imprescindibles para sus usuarios- abren el debate sobre la necesidad de aplicar nuevas medidas que garanticen la sostenibilidad de este sector, que además de generar empleo (con una demanda creciente a causa del envejecimiento de la población española) supone un ahorro al Estado en atención sanitaria», asegura Molina.
Desde Felizvita se considera positiva la subida del SMI, pero se critica que sus repercusiones penalicen a las familias. «Los trabajadores asistenciales, por la responsabilidad y dureza de su trabajo y su enorme carga física y emocional, merecen mejores condiciones económicas, pero no puede ir todo a costa de las empresas y de las familias, cuando estamos hablando de un servicio de primera necesidad para el colectivo de personas dependientes y tan importante para nuestra sociedad», alega Cuesta.
Por eso, la compañía reclama al Estado una subida equivalente a la subida del SMI en el importe de las ayudas a la dependencia, que para servicios de ayuda a domicilio de media no llega a los 450 €/mes. Asimismo, en lo que respecta a las empresas del sector asistencial, solicita que se aplique un IVA superreducido o ‘0’ en todos los servicios de asistencia domiciliaria para la dependencia, así como deducciones del 50% en las cotizaciones a la seguridad social, de manera que el encarecimiento de los costes de contratación de estos profesionales sea soportado de forma compartida entre las empresas y el Estado.
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