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La DGT Suroeste de Andalucía tiene un nuevo proyecto para mantener sus carreteras en las mejores condiciones. Con una extensión de 40.000 kilómetros, abarca las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén. El Ministerio de Interior es el encargado de llevar a cabo el concurso de las ofertas.
En este caso la empresa adjudicataria ha sido SICE S.A y SICE Seguridad S.L. La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores denuncia el hecho de que «durante el periodo del 29 de noviembre de 2019 y el 2 de diciembre de ese mismo año se produjera el despido de 11 trabajadores de las provincias ya citadas». Ante esta situación, la federación destaca «el aumento de trabajo por parte de los trabajadores del proyecto, quedando desbordados de trabajo y no pudiendo realizar la vigilancia con la atención y diligencia que todo ello requiere en puntos tan conflictivos como son: El Puente del Centenario, la entrada al C.C. Lagoh, El Puente del Carranza; AP-4, AP-49 y A-4”.
El paso de 26 técnicos en Sevilla durante el contrato anterior a 20 en el nuevo se traduce como «más carga de trabajo y turnos para aquellos trabajadores que siguen en la empresa», según FICA. Añade que «no están percibiendo el dinero correspondiente a las horas extras, así como también se encuentran presionados a la hora de suplir bajas».
El hecho de que Cádiz haya reducido un técnico y otros lugares como Córdoba haya pasado a no tener ninguno aumenta el número de desplazamientos que tienen que hacer estos técnicos desde Sevilla. “El mantenimiento es casi nulo”, afirma la federación.
También destaca el paso de 20 operadores en 2006 a 13 en el nuevo contrato realizado. “Han quedado en desuso los puestos que se crearon para un mejor servicio, y sin embargo, hoy día sigue aumentando el equipamiento, cámaras, pórticos, etc.”, añaden que “sumamos el mal ambiente que ya existía, ahora con menos puestos y más carga de trabajo, se vive una situación insostenible”.
La FICA destaca que «pese a que el Gobierno gaste gran cantidad de dinero en campañas para la concienciación en carreteras, no destina el número necesario de técnicos dedicados a la supervisión y mantención de las mismas».
Según informa la federación: «la empresa propuso la reducción del 20% del salario y jornada de los trabajadores afectados a las modificaciones efectuadas. La representación social contestó que aceptaría la propuesta si se aplicara por igual a todos los contratados y no solo a los designados como afectados por parte de la organización». Ante la negativa de la empresa, la FICA «destaca que no fue posible someterlo a votación en asamblea de trabajadores».
Desde UGT consideran que “la empresa ha actuado de mala fe en la designación de los compañeros trabajadores efectuados por los despidos”, destacando que “todos ellos son afiliados a nuestro sindicato y algunos incluso fueron candidatos en las listas electorales”.
Es por ello que los trabajadores afectados quieren «manifestar el rechazo a estos despidos, los cuales consideran frásticos, incoherentes e injustos». Añadiendo que «consideran que se aplicaron de forma indignante y ofensiva a cambio del esfuerzo y dedicación que han llevado a cabo durante años». También indican que «no se ha mostrado interés por parte de la empresa para buscar soluciones».
Dossier de prensa
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