El Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, establece un marco normativo para garantizar la igualdad de trato y erradicar la discriminación en el ámbito laboral. En consonancia con la Ley 4/2023 y la normativa europea, esta regulación impulsa medidas concretas para proteger los derechos fundamentales de las personas LGTBI, asegurando un entorno inclusivo y respetuoso en las empresas. Su objetivo principal es eliminar cualquier discriminación relacionada con orientación sexual, identidad o expresión de género, así como promover la diversidad familiar.
Acountax, una firma especializada en asesoría jurídica, destaca la importancia del cumplimiento del protocolo LGTBI y las obligaciones empresariales derivadas del decreto. Estas medidas no solo refuerzan la normativa vigente en el Estatuto de los Trabajadores, sino que también buscan evitar sanciones y fomentar un entorno de trabajo equitativo. Para las empresas, este decreto representa una oportunidad de fortalecer su compromiso con la diversidad y la inclusión, garantizando un espacio laboral seguro y respetuoso.
Obligaciones empresariales para garantizar la igualdad
El decreto establece que las empresas con más de 50 empleados deben implementar medidas específicas para cumplir con el protocolo LGTBI y las obligaciones empresariales. Estas medidas incluyen la adopción de protocolos contra el acoso, la incorporación de cláusulas de igualdad en sus contratos y políticas internas, y el establecimiento de mecanismos que aseguren la equidad en el acceso al empleo, la promoción profesional y los beneficios sociales.
Para determinar si una empresa está obligada a cumplir con estas disposiciones, deberá calcular el número de empleados en los meses de junio y diciembre, considerando todos los tipos de contratos laborales. Las organizaciones que cumplan este criterio tienen un plazo de tres meses para constituir una comisión negociadora. En caso de que exista un convenio colectivo vigente, las medidas serán aplicadas según lo estipulado; si no, deberán ser negociadas con los representantes legales de los trabajadores o sindicatos.
Consecuencias del incumplimiento y supervisión
El incumplimiento del protocolo LGTBI y las obligaciones empresariales impuestas por el Real Decreto 1026/2024 se considera una infracción grave, con sanciones económicas que oscilan entre los 751 y los 7,500 €. Además, las empresas infractoras podrían ser excluidas de ayudas públicas y bonificaciones durante un periodo de entre seis meses y dos años. La Inspección de Trabajo será la encargada de garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, supervisando la correcta implementación de las medidas exigidas.
Cumplir con el protocolo LGTBI y las obligaciones empresariales no solo evita sanciones, sino que también refuerza la imagen corporativa y el compromiso con la diversidad. Acountax, con su amplia experiencia en derecho laboral y regulaciones sectoriales, ofrece un asesoramiento integral para que las empresas implementen estas medidas de manera efectiva, asegurando el cumplimiento normativo y promoviendo un entorno laboral inclusivo.
El protocolo LGTBI y las obligaciones empresariales derivadas del Real Decreto 1026/2024 representan una oportunidad para transformar el entorno laboral, garantizando igualdad y respeto a la diversidad en todas las organizaciones. Estas medidas, acompañadas de un correcto asesoramiento, contribuyen a la construcción de espacios laborales más equitativos y responsables.
